INE dicta medidas cautelares contra Indira, la jefa de gobierno de la CDMX y 16 gobernadores más Indira Vizcaíno Silva, gobernadora del estado de Colima.
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INE dicta medidas cautelares contra Indira, la jefa de gobierno de la CDMX y 16 gobernadores más

Martes, 29 marzo 2022

• Por la promoción de la Revocación de Mandato.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró procedente la medida cautelar solicitada por el partido Movimiento Ciudadano (MC) en contra de la gobernadora de Colima, y de otras 16 entidades, incluyendo a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por diversas publicaciones en sus cuentas de Twitter alusivas a propaganda gubernamental y promoción personalizada durante el proceso de Revocación de Mandato, periodo prohibido para hacerlo.

De forma preliminar, la comisión del INE determinó que con las citadas publicaciones “no se está en presencia de un acto meramente informativo, espontáneo o que encuadre dentro de las excepciones constitucionales para la difusión de propaganda gubernamental”.

Se trata, asegura, de la “difusión expresa de logros y acciones del Gobierno a su cargo, razón por la cual se ordenó (…) que de inmediato, en un plazo que no podrá exceder de 3 horas, eliminen las publicaciones denunciadas e informen del cumplimiento de la medida cautelar dentro de las 6 horas siguientes a que ello ocurra”.

Los titulares de ejecutivos locales objeto de la medida cautelar son, además de Colima, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y de titulares de poderes ejecutivos de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

De igual forma, la Comisión de Quejas y Denuncias consideró necesario emitir un pronunciamiento a las personas referidas, así como a los gobernadores de los estados de Campeche, Colima, Michoacán, Nayarit, Puebla y Tlaxcala, para que en todo tiempo ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales, recalcándoles, por una parte, la prohibición de utilizar o aprovechar los canales o vías oficiales de comunicación para difundir propaganda gubernamental y, por otra parte, la obligación a su cargo de conducirse con imparcialidad y neutralidad a fin de no influir en la opinión ciudadana. Respecto a la denuncia de uso de recursos públicos, la comisión negó las medidas cautelares en virtud de que ese tema será motivo de análisis cuando la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva el fondo del asunto.

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